MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La Coalición IA Ciudadana, conformada por 16 organizaciones expertas en tecnología y derechos humanos, urgió este jueves a la UE a «impedir» que las ‘big tech’ «manipulen» el Reglamento de la Inteligencia Artificial.

Así lo anunció la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, integrada en dicha coalición, en un comunicado, en el que precisó que han planteado esta cuestión a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y a la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Les han reclamado que, en el marco de las negociaciones de la UE sobre el futuro Reglamento de Inteligencia Artificial, se «prohíban» tecnologías «peligrosas» que puedan «amplificar la pobreza, el racismo y la discriminación».

«Y para recordarle que la determinación del riesgo de los sistemas de IA no debe quedar en manos de las propias empresas que los desarrollan», agregó CECU, al tiempo que señaló que la coalición ve «necesario» que se realice un estudio de «impacto» sobre «derechos fundamentales» de forma previa para «evaluar y mitigar riesgos».

Por último, las organizaciones estiman necesario prohibir las tecnologías de reconocimiento biométrico que permiten el reconocimiento facial, de emociones y del lenguaje corporal en los espacios públicos, tanto en tiempo real como posteriormente, al entender que «atentan contra el derecho a la intimidad, la privacidad, la igualdad y la no discriminación, así como el derecho a la protesta».

OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Tras subrayar que actualmente se debate en los trílogos, bajo la Presidencia española del Consejo de la UE, la propuesta de regulación sobre inteligencia artificial, CECU advirtió de que es «una oportunidad histórica que presenta importantes retos para un sector que cambia a ritmo vertiginoso».

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En este punto, la Coalición valoró que se trata de «una de las prioridades» del presente semestre europeo, ya que está previsto contar con un reglamento para finales de año, si bien lamentó la «escasa participación» de la sociedad civil y la «falta de transparencia e interlocución en las negociaciones», aspectos que estimó «alarmantes».

«La participación de la sociedad civil es fundamental para garantizar la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía, así como alertar de los posibles riesgos de la IA que la legislación tiene que hacer frente», aseguró al respecto la portavoz de la coalición y técnica en incidencia digital en Lafede.cat, Judith Membrives i Llorens.

En la misma línea, la también portavoz de la coalición y responsable de derechos digitales de CECU, Anabel Arias, hizo hincapié en que el Gobierno español «se comprometió a impulsar una transformación digital bajo el paraguas del humanismo digital» y ahora «ha llegado el momento» de «aterrizar» ese concepto en unas disposiciones legales «específicas que protejan los derechos y libertades amenazadas de la ciudadanía».