MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El consejo de administración de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha propuesto a la junta de accionistas los nombramientos de los abogados del Estado actualmente en excedencia Joaquín de Fuentes Bardají, como consejero dominical, y de Cristina Vidal Otero, como consejera independente.
Según informó la Sareb este miércoles, las incorporaciones de ambos se producen con motivo de la sustitución de Eduardo Aguilar Fernández, cuyo mandato de cinco años ha vencido, y de Idoya Arteagabeitia, que ha presentado su renuncia por motivos personales.
Con estos nombramientos, aprobados por la junta, el máximo órgano de decisión sumará perfiles «con amplia experiencia y conocimiento técnico tanto en el sector público como en el privado». El consejo de administración mantendrá el actual número de miembros en nueve. Además del presidente, Javier Torres, y el consejero delegado, Leopoldo Puig, en la actualidad hay cuatro consejeros dominicales y tres independientes.
En 2022 el conocido como ‘banco malo’ adaptó el funcionamiento de su consejo a la nueva composición de su accionariado, en el que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), en representación del Estado, ostenta una participación del 50,14% y el resto queda en manos de bancos y aseguradoras. La Sareb implantó un nuevo régimen retributivo del consejo y con el nuevo marco y la reducción en el número de consejeros -desde los 14 anteriores hasta los nueve actuales- la remuneración del consejo se redujo en más de un 40% respecto del importe total aprobado en 2021.
Joaquín de Fuentes Bardají es abogado del Estado y ha desarrollado su carrera profesional en ámbitos relacionados con las relaciones jurídicas del Estado con las diferentes administraciones públicas, territoriales o institucionales, así como con entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones y organismos reguladores.
Asimismo, ha sido secretario general de Renfe y el responsable jurídico y de regulación en Telefónica. Desde 2004 a 2012 fue abogado general del Estado y fue vocal nato del Consejo de Estado. Actualmente es responsable del departamento de Derecho Público del despacho Escalona & De Fuentes.
Por su parte, Cristina Vidal Otero es también abogada del Estado y cuenta con amplia experiencia en materia de gobierno corporativo, cumplimiento normativo, sociedades cotizadas y entidades reguladas. Actualmente gestiona el área de Regulación Financiera del despacho de abogados Ramón y Cajal. A lo largo de su carrera se ha dedicado a la docencia en diversas universidades públicas y privadas.