En la provincia de Málaga, como en muchas otras ciudades españolas, los delitos de hurto y ciberestafa se han convertido en una preocupación creciente para la seguridad pública. De hecho, en esta ciudad andaluza, son los más extendidos.
Estos delitos, aunque muy diferentes en su naturaleza, comparten la característica de causar daño a las personas y a las empresas, y a menudo quedan impunes debido a la falta de recursos y personal en las fuerzas de seguridad. De ahí que haya una figura que cada vez cobra más protagonismo, sobre todo cuando se trata de delitos corporativos.
Se trata de la figura del detective privado, capaz de dar cierto seguimiento y, por su formación, sacar a la luz ciertas pruebas que luego acaben sirviendo en los juicios.
El papel del detective privado
Los detectives privados son profesionales altamente capacitados y especializados en la investigación de delitos que cuentan con los conocimientos para llevar a cabo su labor de forma útil en caso de necesitar, a posteriori, cursar una denuncia. Es decir, saben cómo recopilar los datos para que luego sirvan en un juicio.
Por suerte y, también, por presupuesto, tienen la capacidad de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y utilizar técnicas avanzadas para rastrear a los delincuentes y recopilar pruebas sólidas que pueden ser utilizadas, sin ser descartadas por la forma de obtención, en procesos legales.
“Aparte de los delitos comunes de hurto y ciberestafa, que actualmente están en auge, también damos servicio a muchas empresas y aseguradoras en campos como las bajas o los absentismos laborales, otro de los grandes problemas a los que se enfrentan hoy en día en el ámbito laboral” explican desde Arrabal Detectives, un despacho de detective privado en Málaga que en el último año ha visto incrementar la solicitud de información y servicios contratados.
La regulación de los detectives que avala su función investigadora
Al ser una profesión que ya está regulada por la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, los despachos que están adheridos a esta habilitación demuestran un compromiso con el cumplimiento no sólo de la normativa sino, tal como expresa la propia ley, destaca su papel complementario con las investigaciones y actuaciones que puedan desarrollar los cuerpos de seguridad del Estado.
En definitiva, se les ha dotado de “fórmulas jurídicas que reconozcan el papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada, de forma que, además de integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad, les haga partícipes de la información que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus deberes” como expresa el texto legal.